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Por Sergio Lettieri
El Ministerio de Economía presentó este mes de agosto de 2025 un paquete de reformas para potenciar la atracción de inversiones en el país. La estrategia apunta a consolidar a Uruguay como un destino competitivo en la región mediante jerarquización institucional, digitalización de procesos, nuevos incentivos fiscales y estímulos a sectores estratégicos como la tecnología, el talento humano y la vivienda promovida.
La creación de la Dirección Nacional de Incentivo a la Inversión (DINAI) permitirá coordinar centralmente toda la política de fomento, absorbiendo la actual Dirección Nacional de Zonas Francas. A su vez, Uruguay XXI verá ampliadas sus competencias hacia la post-inversión, con mayor presencia del sector privado en su consejo directivo. Plataformas como la Ventanilla Única de Inversión (VUI) y la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) serán optimizadas para mejorar la interoperabilidad y reducir la burocracia.
Digitalización y eficiencia
La reforma enfatiza la agilidad de los procesos. La Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (COMAP) integrará herramientas de inteligencia artificial para acelerar el análisis de proyectos: hasta cinco veces más rápido para proyectos pequeños y cincuenta veces para los grandes. También se implementa un sistema de evaluación simplificada para inversiones inferiores a 5 millones de dólares, aliviando cargas administrativas.
El trabajo conjunto con organismos como DGI, BPS, MTSS y Aduanas reforzará el monitoreo y reducirá demoras en la tramitación. Esta transformación digital coloca a Uruguay a la vanguardia en materia de eficiencia estatal en la región.
Exoneraciones e incentivos según el monto de inversión
Uno de los puntos más relevantes es la ampliación de los beneficios fiscales bajo el régimen COMAP, con exoneraciones diferenciadas según el tamaño y tipo de inversión.
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Inversiones mayores a 50 millones de dólares
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Exoneración del 100% de la inversión elegible en el Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE).
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Requisitos: inicio antes del 31/12/2028 y ejecución máxima hasta el 31/12/2031.
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Condiciones: cumplimiento de indicadores vinculados a I+D+i, actualización tecnológica y generación de empleo.
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Inversiones superiores a 30 millones de dólares
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Exoneración del 100% de la inversión elegible en IRAE.
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Requisitos: inicio antes del 31/12/2027 y ejecución hasta el 31/12/2029.
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También deben cumplir con metas en innovación, tecnología y empleo.
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Medianas y pequeñas empresas (MiPyMEs)
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Eliminación del tope de 3,5 millones de Unidades Indexadas (aprox. 500.000 dólares) para acceder a beneficios adicionales.
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15 puntos porcentuales extra de exoneración de IRAE y dos años adicionales para utilizar el beneficio.
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Para empresas medianas con hasta 50 empleados: 10 puntos porcentuales adicionales y un año extra de plazo.
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Beneficios especiales gestionados por ANDE para MIPyMEs bajo literal E o IRAE ficto.
Estos esquemas generan un marco flexible que reconoce la relevancia de las grandes inversiones estratégicas, pero también la necesidad de fortalecer el ecosistema de pequeñas y medianas empresas como motor del empleo.
Inclusión social y territorial
Además de los beneficios fiscales, se priorizan proyectos que generen empleo de calidad y favorezcan la inserción laboral de mujeres, jóvenes menores de 29 años, personas con discapacidad, liberados, colectivos LGBTIQ+ y trabajadores en programas de empleo protegido. También se alientan las inversiones en departamentos con altos niveles de pobreza y desempleo, con incentivos adicionales para la internacionalización y las exportaciones.
Talento, tecnología y vivienda promovida
El régimen simplificado para la importación de insumos de investigación se orienta a startups científico-tecnológicas, en especial MIPyMEs. Asimismo, se crea un programa para atraer talento calificado extranjero, con estímulos tributarios en el Impuesto a la Renta de No Residentes (IRNR).
En paralelo, la política de vivienda promovida se reorienta hacia la generación de empleo y la inversión en departamentos con mayores carencias socioeconómicas, en coordinación con los gobiernos departamentales.
Conclusiones
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La DINAI y Uruguay XXI consolidan la institucionalidad en la promoción de inversiones.
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La digitalización de COMAP y el uso de IA reducen drásticamente la burocracia, aumentando la competitividad del país.
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Los beneficios fiscales se rediseñan con un esquema progresivo según monto invertido, que va desde incentivos especiales para MiPyMEs hasta exoneraciones del 100% para proyectos superiores a 30 y 50 millones de dólares.
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Los plazos definidos para el inicio y ejecución de proyectos permiten alinear la estrategia de atracción con los objetivos de mediano plazo del país.
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La incorporación de metas de innovación y empleo como requisitos para acceder a beneficios asegura que las exoneraciones generen impactos reales en el desarrollo productivo.
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La política refuerza un enfoque social y territorial, favoreciendo inclusión laboral, descentralización y reducción de desigualdades.
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El énfasis en tecnología, talento y vivienda promovida amplía la visión económica hacia un desarrollo más diversificado y sostenible.
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