Solaria, la infraestructura de la era de la IA y el valor de las políticas de Estado en Uruguay
Por Sergio H. Lettieri · Octubre 2026
El miércoles 14 de octubre, en Torre Ejecutiva, el presidente Yamandú Orsi firmó con la española Solaria lo que su gobierno presentó como la mayor inversión de la historia de Uruguay: USD 5.700 millones para un campus de centros de datos de hasta 500 MW en régimen de zona franca, repartido entre Canelones y San José, y una planta solar de 350 MW en Florida. Al día siguiente, la empresa comunicó los detalles al regulador bursátil de Madrid. Orsi lo definió como el fruto de "un proceso de acumulación nacional".
Esa frase es la clave del asunto. Y vale la pena tomarla en serio.
Qué se firmó
De los USD 5.700 millones, unos 5.500 van a los centros de datos y unos 200 a la generación solar. El proyecto avanza en dos etapas: primero 200 MW de centros de datos junto con los 350 MW fotovoltaicos, y después 300 MW adicionales de centros de datos.
Solaria no va a operar servidores. Va a hacer algo más interesante: desarrollar y administrar la zona franca, entregar suelo, naves, conectividad y energía garantizada —lo que la industria llama powered land— para que las grandes tecnológicas globales instalen allí su equipamiento. El esquema se apoya en un contrato de compraventa de energía (PPA) con UTE de hasta 40 años (20 prorrogables por otros 20). Solaria asume además el costo de conectar el campus a la red de 500 kV, una obra que quedará en manos de UTE, y promete refrigeración en circuito cerrado para minimizar el consumo de agua, la discusión que obligó a Google a rediseñar su proyecto en Canelones.
El calendario: contrato definitivo en mayo de 2027, obras hacia 2029, unos 3.100 puestos durante la construcción y 1.500 permanentes.
La escala habla por sí sola. Los 350 MW solares más que duplican toda la potencia fotovoltaica instalada hoy en el país. Y con 500 MW a pleno, el campus demandaría una potencia equivalente a más del 20% del pico histórico de consumo de todo Uruguay.
La infraestructura de la era de la IA
En la era de la inteligencia artificial, un centro de datos ya no se mide en metros cuadrados sino en megavatios. Entrenar y operar modelos exige electricidad intensa, constante y, cada vez más, limpia. La propia Solaria lo explicó sin vueltas: la IA disparó la demanda de energía renovable, abundante y contratada a largo plazo, y Uruguay tiene una de las matrices eléctricas más descarbonizadas del mundo.
Esto cambia la geografía de la inversión. Los países ya no compiten solo por mano de obra barata o recursos naturales: compiten por electrones limpios, fibra óptica, conectividad internacional y reglas previsibles. Uruguay, en los hechos, empieza a exportar su energía renovable sin necesidad de embarcarla: se consume acá, se transforma en capacidad de cómputo y sale al mundo como servicio, a través de un cable.
No es que todo sea ventaja. Los propios ejecutivos de Solaria señalaron que las tarifas eléctricas uruguayas son más altas que en otros mercados de la región. Y hay un dato que conviene no esconder: el sol genera de día y un centro de datos consume las 24 horas, así que la planta solar cubrirá menos de la mitad de la energía de la primera etapa; el resto lo pondrá la red de UTE, con eólica, hidráulica y biomasa. Ahí estará la verdadera prueba técnica y económica del contrato de 2027.
Por qué todos hablan de HIF
Por monto, la comparación era inevitable. HIF Global proyecta en Paysandú una planta de hidrógeno verde y e-metanol de USD 5.385 millones, adjudicada por ANCAP en junio de 2023, durante el gobierno de Luis Lacalle Pou. Tres años después, la decisión final de inversión sigue sin llegar.
El cuello de botella es el precio de la energía. HIF necesita más de 2,3 GW de generación renovable y pretendía comprar electricidad a unos USD 40 por MWh, una cifra que no convenció al Ministerio de Industria, preocupado por que UTE no termine absorbiendo pérdidas. A eso se sumaron las protestas en Colón, una demanda judicial de legisladores argentinos, la búsqueda de un nuevo predio dentro de Paysandú y sucesivas prórrogas.
El gobierno marcó el contraste sin disimulo: Solaria trae su propia generación, el Estado no financia la infraestructura ni otorga concesiones adicionales, y el acuerdo se cerró en siete meses.
La diferencia de fondo, sin embargo, es de modelo de negocio. HIF propone convertir energía uruguaya en moléculas para exportar a un mercado —el de los combustibles sintéticos— que todavía está naciendo, y para que los números cierren necesita electricidad muy barata. Solaria trae una demanda que ya existe, la de la IA, y suma generación nueva para respaldarla. En un caso el riesgo de mercado recae, en buena medida, sobre el precio que pague el Estado; en el otro, sobre el inversor.
No se trata de dar por muerto a HIF. Uruguay debería querer los dos proyectos. Pero la comparación enseña algo: la inversión que llega rápido es la que no le pide al país que cambie sus reglas, sino que las aproveche.
Los cables que tendió otro gobierno
Al anunciar el acuerdo, Orsi destacó la cobertura de fibra óptica del 94% y los cables submarinos que conectan al país con el mundo. Nada de eso se construyó para Solaria.
Durante los gobiernos de Tabaré Vázquez y José Mujica, Antel desplegó la fibra óptica al hogar, levantó el data center José Luis Massera en Pando y, con Google como socio, tendió el cable submarino Tannat: obra iniciada en 2014, con una inversión cercana a USD 74 millones, inaugurada en agosto de 2017 en Playa Brava, Punta del Este, y conectada con Santos y, desde allí, con Florida. En la misma época se diseñó la transformación de la matriz eléctrica: una política de 2008 que en 2010 se convirtió en Acuerdo Multipartidario de Energía. Según la ministra Fernanda Cardona, la inversión de Solaria supera todo lo que se invirtió, pública y privadamente, en esa transformación entre 2010 y 2015.
En ese sentido, Solaria es hija de decisiones que tomaron gobiernos del Frente Amplio hace más de una década. Pero no es hija única. Durante el gobierno de Lacalle Pou llegó a Punta del Este el cable Firmina de Google y se autorizó, en 2024, su centro de datos en Canelones. Cada gobierno agregó una capa sobre la anterior, en lugar de demolerla.
Los árboles de Sanguinetti
La historia ya la conocíamos. En diciembre de 1987, durante el primer gobierno de Julio María Sanguinetti, el Parlamento aprobó la Ley Forestal N° 15.939, que declaró de interés nacional la forestación y la acompañó con exoneraciones tributarias, reintegro de parte de los costos de plantación y crédito de largo plazo. Ese mismo mes se sancionó la Ley de Zonas Francas N° 15.921, la misma que hoy ampara el campus de Solaria.
Los árboles tardaron casi veinte años en convertirse en celulosa. La planta de Botnia —hoy UPM— en Fray Bentos se aprobó durante el gobierno de Jorge Batlle y empezó a producir en 2007, con Vázquez. Montes del Plata arrancó en Conchillas en 2014, con Mujica. UPM 2, en Paso de los Toros, se negoció con Vázquez y se inauguró en 2023, con Lacalle Pou.
Una ley colorada, plantas inauguradas por frenteamplistas y por un blanco. Cuatro presidentes, tres partidos, una sola política.
Lo que hace que una política dé frutos
Una política de Estado tarda entre quince y veinte años en dar sus frutos. Ese plazo es, por definición, más largo que cualquier gobierno. Por eso solo funciona donde se cumplen tres condiciones al mismo tiempo.
Seguridad jurídica: los contratos que firma un gobierno los honra el siguiente, aunque no le gusten. Orsi lo dijo a su manera: Uruguay es un país donde las reglas son claras y se respetan.
Estabilidad política: la alternancia cambia prioridades y estilos, no el piso de reglas sobre el que invierte el sector privado.
Macroeconomía ordenada: sin crisis cambiarias recurrentes, con libre convertibilidad y grado inversor, un inversor puede calcular un PPA a cuarenta años sin apostar a la ruleta.
Ninguna de las tres se improvisa en un mandato. Las tres se acumulan.
Partidos viejos, políticas largas
Hay un factor que en la región suele subestimarse: la antigüedad del sistema de partidos uruguayo. El Partido Colorado y el Partido Nacional nacieron en 1836 y están entre los partidos más antiguos del mundo; el Frente Amplio ya supera el medio siglo. Son organizaciones con memoria institucional, equipos técnicos estables y costumbre de negociar en el Parlamento.
Desde 1985, el gobierno pasó de colorados a blancos, de blancos a colorados, de colorados al Frente Amplio, del Frente Amplio a una coalición encabezada por los blancos y de vuelta al Frente Amplio. En cada cambio hubo discusión, a veces áspera. Pero quien perdió una elección no borró la obra de quien ganó: la heredó y, muchas veces, la terminó.
La semana pasada escribí, a propósito del Mercosur, que la apertura de una región no puede depender de quién gane en Brasilia. Uruguay es el contraejemplo práctico de esa advertencia: un país donde las políticas sobreviven a los gobiernos.
Solaria cosecha cables que tendió el Frente Amplio, en una zona franca creada por una ley colorada, conectada a una matriz eléctrica que pactaron todos los partidos. Un centro de datos no se instala en un país: se instala en un horizonte de veinte o cuarenta años. Y Uruguay sigue siendo uno de los pocos lugares de la región donde ese horizonte se puede firmar.
Sergio H. Lettieri — Consultor en Inserción y Comercio Internacional e Inversiones; ex profesor, Universidad Católica del Uruguay, Sede Punta del Este
Summary (EN)
On October 14, Uruguayan President Yamandú Orsi signed with Spain's Solaria what his government calls the largest investment in the country's history: USD 5.7 billion for a free-zone data-center campus of up to 500 MW in Canelones and San José, plus 350 MW of solar power in Florida, backed by a power purchase agreement with state utility UTE of up to 40 years. In the AI era, data centers are measured in megawatts, and countries compete for clean electricity, connectivity and predictable rules. The comparison with HIF Global's USD 5.4 billion e-methanol project in Paysandú — awarded in 2023 and still without a final investment decision over the price of electricity — shows the difference between a project that brings its own generation to serve an existing demand and one that depends on cheap state-supplied power for a market still emerging. Solaria builds on infrastructure laid by earlier Frente Amplio governments (fiber to the home, Antel's Pando data center, the Tannat submarine cable inaugurated in 2017, the 2010 multiparty energy agreement), just as UPM and Montes del Plata grew out of the 1987 Forestry Law passed under Colorado President Sanguinetti — the same year as the Free Zones Law that now covers Solaria's campus. State policies bear fruit only where legal certainty, political stability and sound macroeconomics coexist, and Uruguay's long-standing party system — the Colorado and National parties date from 1836 — lets policies outlive alternation in power.
Resumo (PT)
Em 14 de outubro, o presidente uruguaio Yamandú Orsi assinou com a espanhola Solaria o que o governo chama de maior investimento da história do país: USD 5,7 bilhões para um campus de data centers de até 500 MW em zona franca, em Canelones e San José, mais 350 MW de energia solar em Florida, com um contrato de compra de energia com a estatal UTE de até 40 anos. Na era da IA, data centers se medem em megawatts, e os países competem por eletricidade limpa, conectividade e regras previsíveis. A comparação com o projeto de e-metanol da HIF Global em Paysandú (USD 5,4 bilhões), adjudicado em 2023 e ainda sem decisão final de investimento por causa do preço da energia, mostra a diferença entre um projeto que traz geração própria para uma demanda existente e outro que depende de energia barata fornecida pelo Estado para um mercado ainda nascente. A Solaria aproveita a infraestrutura construída por governos anteriores da Frente Ampla (fibra até o lar, o data center da Antel em Pando, o cabo submarino Tannat inaugurado em 2017, o acordo multipartidário de energia de 2010), assim como UPM e Montes del Plata nasceram da Lei Florestal de 1987, aprovada no governo do colorado Sanguinetti — o mesmo ano da Lei de Zonas Francas que hoje ampara o campus. Políticas de Estado só dão frutos onde convivem segurança jurídica, estabilidade política e macroeconomia ordenada, e o antigo sistema partidário uruguaio — os partidos Colorado e Nacional datam de 1836 — permite que as políticas sobrevivam à alternância no poder.
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