Por Sergio H. Lettieri
En diciembre de 2025, con la presencia del presidente Yamandú Orsi y el intendente de Maldonado Miguel Abella, se inauguró oficialmente el World Trade Center Punta del Este Free Zone. Una torre de 27 pisos, certificación LEED, vista al Atlántico, USD 65 millones de inversión. La primera zona franca de servicios del departamento de Maldonado. Un proyecto que promete 1.400 empleos y la transformación de Punta del Este en hub de negocios global. El problema es que el mundo cambió mientras se construía el edificio. Y nadie parece haberlo notado.
En octubre de 2021, 137 jurisdicciones del Marco Inclusivo OCDE/G20 acordaron implementar un impuesto mínimo global del 15% sobre las ganancias de empresas multinacionales con ingresos consolidados superiores a USD 750 millones anuales. El mecanismo, conocido como Pilar Dos o GloBE (Global Anti-Base Erosion), entró en vigencia efectiva a partir de enero de 2024.
La lógica es directa: si una multinacional tributa menos del 15% en cualquier jurisdicción donde opera, el país de residencia de la casa matriz puede cobrar la diferencia. Esto significa que una empresa alemana, estadounidense o brasileña instalada en una zona franca uruguaya con tasa efectiva del 0% generará automáticamente un crédito fiscal del 15% a favor del fisco de origen.
La exención uruguaya deja de funcionar como ventaja competitiva para el segmento de empresas que más factura, más invierte y más empleo genera.
Uruguay adhirió formalmente al Pilar Dos. No tenía opción real: quedarse afuera implicaba ser clasificado como jurisdicción no cooperante, con consecuencias directas sobre el acceso a mercados financieros internacionales y la red de convenios de doble tributación que el país construyó durante dos décadas.
Uruguay adhirió formalmente al Pilar Dos. No tenía opción real: quedarse afuera implicaba ser clasificado como jurisdicción no cooperante, con consecuencias directas sobre el acceso a mercados financieros internacionales y la red de convenios de doble tributación que el país construyó durante dos décadas.
El régimen de zonas francas uruguayo, establecido por la Ley 15.921 de 1987, ofrece a los usuarios indirectos (las empresas que se instalan dentro del perímetro administrado por el explotador) una exoneración de todo tributo nacional creado o a crearse. Esa fórmula es la piedra angular de la seguridad jurídica que atrajo inversión extranjera durante casi cuatro décadas.
La pregunta que el Pilar Dos le plantea a Uruguay es constitucional antes que fiscal. El artículo 32 de la Constitución uruguaya prohíbe la aplicación retroactiva de normas que afecten derechos adquiridos. Un usuario indirecto que firmó contrato de zona franca en 2010 con exención total tiene un derecho constitucionalmente protegido. Uruguay optó por un camino intermedio: implementar el Pilar Dos prospectivamente.
El proyecto WTC Punta del Este se anunció en 2017. La construcción efectiva arrancó en junio de 2022. La inauguración se concretó en diciembre de 2025. En esa línea de tiempo hay un evento que lo cambia todo: octubre de 2021, cuando se aprueba el Pilar Dos.
Si el WTC Punta del Este se hubiese inaugurado en 2013 o 2014, habría operado bajo régimen de exención pura durante una década antes de que Pilar Dos existiera. Pero se inaugura en 2025. Todos los usuarios indirectos son operadores post-Pilar Dos. No hay derechos adquiridos que invocar. Cualquier multinacional con ingresos globales superiores a USD 750 millones que se instale en el WTC tributará el 15% mínimo global de todas formas, porque el fisco de su país de origen cobrará la diferencia.
La propuesta de valor del WTC era exención tributaria perpetua en un entorno de alta calidad de vida. Con Pilar Dos, la exención existe formalmente pero es irrelevante para el segmento de empresas que justifica una inversión de USD 65 millones. En la inauguración, el WTC reportó 25 empresas confirmadas. El primer contrato fue Dentons Jiménez de Aréchaga. Las demás son mayoritariamente firmas de servicios profesionales, consultoría y tecnología.
Este perfil de inquilino tiene una característica: son empresas con ingresos globales consolidados por debajo del umbral de USD 750 millones. Para ellas, el Pilar Dos no aplica. Pero este segmento tiene un techo de escala bajo. Un estudio de abogados emplea entre 5 y 30 personas. Una consultora boutique, entre 3 y 15. Para alcanzar los 1.400 empleos proyectados necesitaría entre 80 y 150 empresas de este perfil. Esa meta parece difícil de alcanzar.
Zonamérica, con más del 93% de ocupación, una comunidad de más de 7.000 profesionales y concentración del 80% de las entidades financieras del BCU, tiene una ventaja que el WTC no puede replicar: masa crítica. La alianza entre ambos es un reconocimiento implícito de esta asimetría. Pero trasladar operaciones de Montevideo a Punta del Este implica costos de disrupción que pocos operadores están dispuestos a asumir sin incentivo fiscal neto.
El Pilar Dos no es el único problema estructural. Hay un segundo factor: la combinación de costos laborales altos y la adopción acelerada de inteligencia artificial en operaciones de back office. Uruguay tiene salarios significativamente superiores a jurisdicciones competidoras.
Un analista financiero junior cuesta entre USD 2.500 y USD 3.500 mensuales. El mismo perfil en Costa Rica ronda USD 1.800, en Colombia USD 1.500, en Paraguay USD 1.200.
Con el Pilar Dos nivelando la carga fiscal al 15% mínimo, esa compensación desaparece. Uruguay queda con salarios altos y tributación equivalente a competidores regionales: lo peor de ambos mundos. Pero el golpe más profundo viene de la inteligencia artificial. Los centros de servicios compartidos se basaban en operaciones que requerían volumen de personal: reconciliaciones contables, auditoría interna, compliance. Precisamente las funciones que la IA absorbe a velocidad creciente.
Una multinacional que necesitaba 80 analistas de compliance en 2018 puede resolver la misma carga con 25 analistas asistidos por IA. El incentivo para concentrar personal en una jurisdicción se diluye.
La zona franca deja de ser hub de empleo masivo para convertirse en domicilio fiscal de equipos reducidos.
Para el WTC, esto agrava el problema de escala. El tipo de operación que llenarían 22 pisos (centros de servicios con dotaciones de 50-200 personas) está migrando hacia menor densidad laboral en jurisdicciones más baratas.
No pretendo tener la soberbia de indicarle al Contador Lecueder o al Arquitecto Kimmelman —ambos profesionales de destacadisima trayectoria en Uruguay— qué decisiones corresponde adoptar. Su experiencia en proyectos de esta magnitud y su conocimiento de las dinámicas políticas y comerciales del país superan con creces cualquier análisis desde afuera. Pero me permito acercarles, con el máximo respeto, una lectura de los cambios regulatorios globales que afectan la viabilidad del modelo original, junto con algunas líneas de reconversión que podrían preservar el valor del activo.
Las perspectivas realistas sugieren tres escenarios. En el primero, el WTC se consolida como hub de servicios profesionales de escala media: estudios jurídicos, consultoras boutique, empresas de tecnología con menos de 50 empleados, family offices. Es un mercado real pero limitado, que probablemente sostenga entre 200 y 400 empleos.
En el segundo escenario, Uruguay modifica su estructura tributaria general: rebaja de tasa corporativa, IP Box, o subsidios directos. Requiere voluntad política y espacio fiscal que no parecen disponibles.
En el tercer escenario, el WTC muta hacia un modelo mixto zona franca y espacio corporativo convencional, sacrificando parte de su identidad fiscal para ganar flexibilidad comercial.
La solución que nadie vio.
Existe un cuarto escenario que nadie propuso todavía. El Pilar Dos tiene perímetro definido: aplica a entidades, no a personas físicas. Una persona que factura USD 5 millones anuales por derechos de imagen no integra un grupo multinacional con ingresos consolidados superiores a USD 750 millones. El impuesto mínimo global no la alcanza.
Esta asimetría abre una posibilidad concreta: reconvertir parte de la torre en unidades residenciales y ofrecer un modelo integrado donde la persona vive en pisos superiores y opera su sociedad de derechos de imagen en pisos inferiores, dentro del perímetro de zona franca. La residencia fiscal es genuina: 183 días viviendo en el edificio donde funciona su sociedad exenta.
El perfil de cliente es concreto. Futbolistas activos o retirados que viven de contratos de imagen. Influencers latinoamericanos con ingresos de plataformas que necesitan residencia fiscal. Autores, músicos con regalías internacionales. Emprendedores digitales. Traders independientes. Personas que facturan entre USD 1 y USD 50 millones anuales.
Uruguay ofrece régimen de residencia fiscal atractivo: tax holiday sobre rentas de fuente extranjera, opción de tributar al 12% flat. Pero la zona franca agrega capa adicional: si la persona canaliza facturación a través de sociedad usuaria del WTC, opera con exención total.
El Pilar Dos no interviene porque no hay grupo multinacional detrás. La estructura es legal, transparente y sostenible.
La reconversión implicaría cinco o seis pisos superiores como residenciales premium, con vista al Atlántico. Pisos medios e inferiores mantienen función de oficinas. Si cada residente opera sociedad con dos a cinco empleados, genera entre 70 y 180 empleos directos, más 24 a 36 residentes de altísimo poder adquisitivo cuyo consumo local probablemente supera derrame de centro de servicios de 200 personas.
Hay obstáculos jurídicos reales. La Ley 15.921 establece destino específico para actividades comerciales, industriales. No prevé uso residencial. Se necesitaría modificación del decreto por Poder Ejecutivo, cambio de ordenamiento territorial de Maldonado, autorización del Área de Zonas Francas del MEF.
El riesgo principal es credibilidad. Si se ejecuta mal, WTC se convierte en condominio de lujo con placa de zona franca. Eso destruiría reputación ante OCDE. Pero esa exigencia de sustancia es precisamente lo que hace viable: obliga a mantener operación real con personal y facturación demostrable.
Este escenario no resuelve los 1.400 empleos. Pero cambia la métrica de éxito. Ya no se mide en empleos por metro cuadrado sino en facturación per cápita y derrame económico. Una torre con 30 residentes que facturan USD 5 millones promedio y 150 empleados en sus sociedades puede ser más rentable que 1.400 empleados de back office que IA va a comprimir en cinco años.
Ninguno de los cuatro escenarios justifica retroactivamente inversión de USD 65 millones. Pero el cuarto reconoce que activo más valioso no es calificación de zona franca sino ubicacion frente al mar en ciudad que mundo asocia con calidad de vida. Aprovechar eso requiere flexibilidad normativa, imaginación comercial y honestidad de admitir que modelo original no funciona.
El WTC Punta del Este es, en mi opinion, un caso de estudio sobre riesgos de planificar infraestructura sin anticipar cambios regulatorios globales.
El Pilar Dos no fue evento impredecible: BEPS se discute desde 2013, las líneas generales del mínimo global desde 2019.
Quienes aprobaron inversión en 2017 y aceleraron construcción en 2022 tenían información suficiente para evaluar riesgo.
Punta del Este tiene muchas virtudes. Un edificio inteligente con vista al mar y certificación LEED es una de ellas. Pero virtudes inmobiliarias no sustituyen aritmética fiscal. Y la aritmética, hoy, no cierra.
Desde este espacio estoy a las órdenes para intercambiar opiniones e ideas sobre este artículo. El desarrollo de Punta del Este fue, es y siempre será nuestra prioridad.
Dr. Sergio H. Lettieri
Magister en Relaciones Internacionales - UdelaR - R.O.U.
copyright: sergiolettieri.blogspot.com
(Artículo e imagen elaborados con asistencia de IA generativa)
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