UNA BOMBA DE TIEMPO

Argentina: Deudas Judiciales Millonarias en el Extranjero 

A partir del envío por DNU del nuevo préstamo del FMI hacia la Republica Argentina por una cifra no confirmada aun, pero que podría alcanzar hasta USD MM 20 (veinte mil millones),tiene como destino, de acuerdo con lo expresado por el Presidente Milei, sanear el balance del Banco Central de dicho pais. El objetivo final es terminar con la excesiva oferta domestica de pesos circulantes, lo que produce un efecto inflacionario. Hasta ahi, una parte de la solución. Ahora bien, si nos adentramos en el escenario de las demandas externas a las que esta sometida la Argentina, nos encontramos con el siguiente panorama:

Argentina enfrenta una cifra alarmante de demandas judiciales en tribunales extranjeros, ascendiendo a más de US$27.000 millones en 236 pleitos con montos determinados hasta el 27 de enero de 2025. Esta cifra podría ser aún mayor al no incluir numerosas demandas cuyos montos aún no han sido definidos. Estas demandas son gestionadas principalmente por la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) y el Servicio Jurídico del Ministerio de Economía.

La acumulación de estas demandas es un problema persistente para Argentina, transmitiéndose entre diferentes administraciones gubernamentales que buscan postergar los pagos mediante recursos judiciales. El origen de estos litigios es diverso, incluyendo remanentes de deuda pública impaga, cambios regulatorios, estatizaciones desordenadas y, de manera significativa, la ruptura de contratos de servicios públicos tras la crisis de 2001.

La cifra total demandada, US$27.000 millones, es comparable a las reservas brutas del Banco Central o al 60% de la deuda del país con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Esto subraya la magnitud del problema para la economía argentina.

Entre las demandas más relevantes se destacan:

• El juicio por la expropiación de YPF, radicado en Nueva York, donde la justicia ha fallado a favor de los demandantes (Burford e Eton) por US$16.100 millones más intereses.
• Demandas de acreedores de deuda liderados por el fondo Aurelius, que suman US$1321,92 millones.
• Una demanda de Teinver (subsidiaria del grupo español Marsans) en el CIADI por US$1590 millones, con un fallo adverso para Argentina en 2017.
• El pleito de Papel del Tucumán por más de US$500 millones, con un fallo en contra de Argentina en la Cámara de Comercio Internacional (CCI).
• Una demanda en la justicia británica de fondos como Palladian Partners por la modificación en el cálculo del PBI en 2013, que afectó el pago de intereses de los bonos “cupón PBI”.
• Un fallo en Nueva York que permite a ciertos acreedores embargar activos soberanos por unos US$310 millones depositados en el Banco Central.

La estrategia de los gobiernos argentinos ha sido demorar el pago mediante recursos judiciales. Sin embargo, esto tiene un límite, y eventualmente el país debe enfrentar estas facturas. Desde comienzos de siglo, Argentina ya ha pagado aproximadamente US$17.000 millones por temas judicializados en el exterior, incluyendo la cancelación de deuda impaga.

Según Bernardo Saravia Frías, exprocurador del Tesoro, estas demandas representan una contingencia no solo monetaria sino también política, ya que las medidas cautelares derivadas de estos juicios pueden entorpecer procesos de endeudamiento o reordenamiento de deuda. Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors, señala que Argentina pierde la mayoría de estos casos y cuestiona la estrategia de seguir dilatando los pagos. Camilo Tiscornia, de C&T Consultores, enfatiza el costo reputacional y económico de violar contratos, calificándolo como una lección para el país.

Un factor clave en el origen de muchas de estas demandas en el CIADI fue la firma de acuerdos de protección recíproca de inversiones durante el menemismo en los años 90, que permitieron a empresas extranjeras litigar en tribunales internacionales en caso de incumplimiento. La Ley Bases y el RIGI implementados por el gobierno de Javier Milei son vistos por algunos especialistas como una profundización de este esquema, otorgando aún mayores garantías a la inversión extranjera y potencialmente aumentando el riesgo de futuras demandas. Carlos Balbín, exprocurador del Tesoro, cuestiona si el CIADI es el mecanismo idóneo para proteger los intereses del estado argentino.

Desde la Casa Rosada se argumenta que estas garantías solo se vuelven negativas si Argentina incumple los contratos, y que un país normalizado no debería tener problemas con ellas. Sin embargo, la historia reciente demuestra que los incumplimientos pasados han generado una pesada carga económica y legal para Argentina. La gran cantidad de demandas pendientes subraya la importancia de la institucionalidad y la continuidad de las políticas para evitar futuros litigios costosos.

La seguridad jurídica tanto en el ámbito privado como en el estatal, es un pilar fundamental donde se apoya la democracia, el desarrollo económico y la libertad de las personas. Es por ello que debemos tener este principio siempre presente,  evitándo de este modo, romper una tradición y UN ACTIVO TANGIBLE inherente al Uruguay.